Tasa Tobin, ¿para el desarrollo?


Arthur Schopenhauer dijo: “una contribución original al conocimiento pasa por tres fases: primero es ridiculizada; seguidamente se está en contra; y finalmente se implementa”.

Esta podría ser la historia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), más conocida como Tasa Tobin.

Antes de James Tobin, John M. Keynes planteó la posibilidad de introducir un pequeño impuesto sobre la actividad financiera a causa de su naturaleza especulativa. Sin embargo, fue Tobin quien desarrolló la idea, proponiendo un impuesto del 0,5% sobre las transacciones de divisas a principios de la década de los setenta, con el objetivo de frenar la especulación y reducir la fluctuación en los tipos de cambio.

Desde entonces, la idea de gravar las transacciones financieras ha vivido un singular proceso evolutivo. Lo que empezó siendo una propuesta académico-teórica se convirtió, posteriormente, en una proclama de la sociedad civil frente el descontrol de la globalización financiera. Finalmente, en el actual contexto de profunda crisis económica y de profundos cambios en la geopolítica económica internacional, el ITF se ha convertido en una propuesta liderada por distintos gobiernos en marcos tan dispares como el G20 o la Unión Europea. Este último paso de la “evolución”, por el momento, está siendo mayoritariamente liderado por gobiernos occidentales y de centro derecha, y plantea la duda de a dónde irían los fondos recaudados si finalmente se aplica esta tasa.

Desde hace años, resulta patente el déficit de financiación existente para muchos bienes públicos globales y, en especial, para la lucha contra el cambio climático y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estas necesidades se estiman en torno a los 324 y 336 mil millones de dólares anuales para el período 2012-2017, de los cuáles 156 mil irían para medioambiente y el resto, entre 168-180 mil, para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

La crisis financiera y económica, que sacude el sistema internacional ha agravado este déficit, cristalizando en importantes recortes en los presupuestos destinados a la cooperación al desarrollo, así como por el pertinaz incumplimiento por parte de los países de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB). En este sentido, el último informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE resulta claro, al constatar que la AOD en 2010 fue de un promedio del 0,32%, y sólo los países nórdicas, Luxemburgo, Dinamarca, y Países bajos cumplieron con el compromiso de destinar el 0,7%.

Todo ello, plantea la necesidad de buscar “nuevas fuentes de financiación adicionales para el desarrollo”. Adicionales porque deben contribuir a la financiación al desarrollo de forma complementaria a las fuentes tradicionales ya comprometidas; y para el desarrollo, porque los fondos generados deben destinarse única y exclusivamente a este fin.
De entre las nuevas fuentes de financiación, la Tasa Tobin o TIF es, con toda probabilidad, la que podría aportar más fondos. Las estimaciones varían en función de los productos que se incluyeran, del tipo que se aplicase y de su radio de acción, pero las cifras oscilan entre los 25 y los 250 mil millones de dólares anuales.

Efectivamente, existe el riesgo de que esta importante cantidad de fondos recaudados se convierta en un aliciente para que los gobiernos apliquen el ITF con el objetivo de financiar sus presupuestos públicos. Ahí radica la necesidad de establecer a priori el destino de los fondos recaudados.

En 2010, el Grupo Piloto de Financiamiento Innovador al Desarrollo, que incluye a más de 60 gobiernos y organizaciones de la sociedad civil solicitó un informe que estudiase la viabilidad de la aplicación de un impuesto como la Tasa Tobin. Tanto a nivel jurídico como técnico, su aplicabilidad está fuera de dudas, no así a nivel de voluntad política. Varios gobiernos (principalmente aquellos con gran centros financieros) se muestran todavía reacios a su aplicación, a pesar de la enorme presión que existe por parte de la sociedad civil, el ámbito académico, e incluso, desde algunos sectores del mundo financiero.

No es menos importante insistir en que la aplicación de un ITF podría suponer, tal y como Tobin la diseñó, una medida para controlar la especulación y la volatilidad de los mercados financieros. Un impuesto de este tipo a nivel global, sea sobre las divisas o sobre un mayor número de productos financieros, supondría recuperar parte de la soberanía perdida frente al creciente poder e influencia de los “mercados”. A su vez, constituiría un paso importante hacia una mayor regulación y gobernanza del sistema económico y financiero, uno de los objetivos prioritarios a día de hoy, con el fin de alcanzar una mejor gobernanza mundial.

El mayor desafío respecto al ITF y su aplicación es saber quién y cómo se gestionarían los fondos recaudados. El abanico de posibilidades es amplio. Entre las alternativas barajadas, destaca la opción de administrarlos desde el sistema de Naciones Unidas (a través de uno de sus programas o agencias especializados). Otra, más aceptada en círculos oficiales, es que sea precisamente el Fondo Monetario Internacional (recordemos que es parte de NNUU), quien lo coordine. Finalmente, otras posibilidades contempladas son su gestión a nivel regional, a través de Bancos Centrales agrupados en el Banco de Pagos Internacional, o de un órgano ad hoc. Lo que sí está claro es que los fondos derivados del ITF deberán dedicarse exclusivamente a la financiación de necesidades de desarrollo, de forma adicional y no substitutoria al compromiso del 0,7%. Recordemos que en un contexto de aguda crisis económica internacional, las necesidades al desarrollo parecen estar cada vez más olvidadas, convirtiendo su financiación en uno de los mayores desafíos de la comunidad internacional en los años venideros.

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About Hernán Cortés Saenz

Nacido un frío diciembre de 1982 en Barcelona, hijo de padre colombiano y madre catalana, mi nombre es Hernán. Resido en un pequeño pueblo de la Costa Daurada con un encanto espectacular y a orillas del Mare Nostrum. Soy licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona, y estoy especializado en Relaciones Internacionales, cursando un Doctorado sobre la materia. He trabajado como Policy & Executive Officer en UBUNTU - Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil analizando temas relacionados con el sector financiero, alimentación, gobernanza mundial y desarrollo. Actualmente estoy en Nueva York (EUA) como investigador asociado con la Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia y la Friedrich-Ebert-Stiftung investigando sobre las protestas globales acontecidas como respuesta a la crisis y las medidas de austeridad.

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